En un solo día, el Tribunal Supremo ha cursado más de 30 recursos que buscan revocar o paralizar la regulación del sector energético, pero los asuntos abiertos superan con creces esta cifra y según los datos recogidos por el BOE se acercan a los 50 en los últimos meses.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, se enfrenta a la oposición frontal de varios sectores porque no se ha abierto un proceso de negociación para estos cambios.
Entre los recursos presentados, uno de los aspectos más conflictivos es la orden ministerial que fijó las tarifas para el segundo trimestre del pasado año y que entró en vigor el 1 de abril, justo cuando se tomaron las primeras medidas para corregir el déficit de tarifa.
En esta revisión se subió la luz un 7% y el gas lo hizo en un 5%, incrementos que fueron recurridos por Gas Natural, Iberdrola y la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía, entre otros, porque al mismo tiempo se recortó en casi 800 millones la retribución a la distribución.
Estas subidas del recibo se aprobaron después de que el mismo Tribunal Supremo tumbara las congelaciones del recibo anteriores. De ahí, que desde el pasado mes de agosto y hasta final de año se aplicaran refacturaciones en el recibo como si de una derrama se tratase.
Precisamente, la decisión de congelar la tarifa de principios de 2012 fue la primera medida de Soria al convalidar la orden de su predecesor Miguel Sebastián, algo que no sentó nada bien entre las eléctricas ya que a la vez se mantenían por ley los objetivos de reducción del déficit de tarifa, hoy ya incumplidos.
En marzo, el Gobierno también anunció varias reformas para contener el agujero que se había generado en el sector gasista y que han sido recurridas y admitidas a trámite por la comercializadora de ladrillos Tabicesa, por el encarecimiento de su factura energética.
Las ayudas al carbón
Aunque Soria ha modificado muchos aspectos del sector, también ha mantenido algunos de los reales decretos del anterior Gobierno, como el polémico mecanismo de restricciones por el que se obliga a las eléctricas a comprar carbón nacional para mantener esta industria.
En un principio este decreto se desarrolló compensando también a las centrales desplazadas por esta obligatoriedad a través de los pagos por capacidad. Pero la medida era rechazada por Bruselas al considerarse ayudas de Estado, con lo que el Ejecutivo, tras unos meses de suspensión, corrigió estos escollos a través de un Real Decreto en octubre de 2010. Pero la eliminación de la compensación no gustó ni a las centrales de carbón importado ni a los ciclos combinados. Así, la modificación ha sido recurrida por la filial de Energía del grupo Villar Mir y la Xunta de Galicia, entre otros.
La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España, así como la Comisión Nacional de Competencia y la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía han llevado al Alto Tribunal los efectos de la entrada en funcionamiento del enlace eléctrico de la Península con Baleares.
Por su parte, Endesa ha recurrido la orden por la que se establece el mecanismo de reconocimiento del precio del gas a los ciclos combinados de este Archipiélago. La eléctrica denuncia que en lugar de introducir un índice de precio internacional, como se hace con otros combustibles, se abonan según datos de aduana, a posteriori, con lo que no se puede gestionar el riesgo de precio y el reconocimiento del coste es insuficiente.
Este Gobierno también ha autorizado a Repsol exploraciones petrolíferas en Canarias, algo a lo que se opone el Gobierno autonómico y las asociaciones de ecologistas. Sobre este aspecto, la Fundación César Manrique ha presentado un recurso contra estos trabajos aprobados el pasado 16 de marzo, así como tambien lo ha hecho el Cabildo de Lanzarote.
Varias compañías también han recurrido el peaje a la generación de 0,5 euros por megavatio hora (MWh) con el que se pretendía ingresar una media de 150 millones de euros en tres años.
Otra la batalla legal que han abierto las principales eléctricas es la financiación del déficit de tarifa. Tal y como publicó elEconomista este fin de semana, Endesa e Iberdrola han solicitado en el Alto Tribunal que las renovables también soporten en sus balances este desfase eléctrico, ya que en los últimos años han ganado posiciones en generación.
Bloqueo de la vía legal
El problema de recurrir estos reales decretos y órdenes ministeriales es que los plazos de resolución se demoran bastante. Ante los constantes cambios del último año, el sector prevé un aluvión de demandas en todos las instancias.El problema es que el departamento jurídico del Gobierno está intentando bloquear en la medida de lo posible la vía legal. Por ello, se está decantando por reales decretos leyes, que sólo pueden ser recurridos por ciertas instituciones como comunidades autónomas o el Defensor del Pueblo. Las compañías tan sólo tienen margen de maniobra para recurrir la aplicación de los recortes, una vez que se hayan cerrado las liquidaciones definitivas de 2013 por parte de la Comisión Nacional de la Energía, algo que no ocurrirá hasta marzo de 2014.
Por otro lado, el Ejecutivo suprimió los objetivos de eliminación del déficit tarifario a través de un Real Decreto Ley sobre Empleados del Hogar, publicado en el BOE el 31 de diciembre. Precisamente, el Supremo tumbó las congelaciones tarifarias amparándose en que había un objetivo marcado por Ley de acabar con el desfase eléctrico. Con la eliminación de este objetivo, el Gobierno consigue que las eléctricas no puedan recurrir las revisiones del precio de la luz y tengan que buscar otras vías.
